sábado, 23 de febrero de 2019
Contexto/ Creado el: 2019-02-10 08:49 - Última actualización: 2019-02-10 08:50

Periodismo, una profesión de alto riesgo en Colombia: Flip

La Fundación para la Libertad de Prensa Flip, sostuvo que el 2018 significó un retroceso en garantías de seguridad para los periodistas. Las cifras de ataques a la prensa en el país, tuvieron un incremento del 120% con respecto al 2016. Y el año pasado pasó a la historia como el de más violencia en los últimos 15 años.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | febrero 10 de 2019

Informe anual de la  Flip

Un manto de violencia y censura se posó con mayor intensidad sobre el periodismo en Colombia durante el 2018. Las cifras de ataques a la prensa en el país, tuvieron un incremento del 120% con respecto al 2016. Y el año pasado pasó a la historia como el de más violencia en los últimos 15 años.

Las preocupantes cifras fueron entregadas por Fundación para la Libertad de Prensa -Flip, en su habitual informe anual, que es publicado en la misma fecha en que se celebra el Día del Periodista en Colombia.

Según la Flip, “el 2018 significó un retroceso en garantías de seguridad para los periodistas”.

Entre los hechos más desgarradores se encuentra el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas que fueron los integrantes del equipo del diario “El Comercio”, Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Los homicidios fueron cometidos por el grupo disidente de la guerrilla desmovilizada de las Farc.

Los cadáveres de los periodistas del vecino país Ecuador,  fueron recuperados después de más de dos meses desde que se hubiera informado su deceso.  

“Los gobiernos de Colombia y Ecuador dieron muestras de descoordinación, mensajes contradictorios, desprendimiento de la responsabilidad que les asistía para proteger a los periodistas, mucha opacidad e ineptitud”, sostiene la Flip.

Cifras

Según la Flip durante el 2018  se registraron 477 casos de ataques a la prensa, 167 más con relación al año anterior. Es decir, un incremento del 53% con respecto al 2017 y del 120% con respecto al 2016.

Los 477 casos corresponden a más de 600 víctimas.

“De 90 casos en 2016 y 129 en 2017, se pasó a 200 casos de amenazas en 2018, con 256 víctimas. Nunca la FLIP había registrado cifras tan altas”.

Detalla el informe que la amenaza sigue siendo la agresión más frecuente,  y que equivale al 42% de los casos registrados del total de ataques. Y la segunda agresión más frecuente es el hostigamiento.

Esto segundo entendidas como aquellas acciones de persecución y tortura psicológica dirigidas a persuadir la actividad periodística del reportero.

En cuanto a los agresores, de los autores conocidos de la violencia contra la prensa, los mayores agresores son los funcionarios públicos.

Según   investigaciones por parte de la Flip, la fuerza pública prefiere las agresiones físicas y la obstrucción. Los demás funcionarios acuden al acoso judicial y las estigmatizaciones.

Por regiones, el informe revela que los departamentos en los que más se ataca a la prensa son Bogotá, Antioquia,  Norte de Santander,  Tolima, y Valle del Cauca.   

En el Huila reportaron 11 casos de ataques. 

Proliferación de impunidad

De acuerdo con la Flip, en el 99,3% de los casos la justicia no ha actuado de forma efectiva. Y desde 1977,  han ocurrido 158 asesinatos a periodistas.

Detalla que 125 casos de homicidio a periodistas no tienen ningún avance, es decir, 79,1% está en completa impunidad.

“Entre todos los ausentes del sistema de protección a periodistas, la más notoria es la justicia”.

Denuncia además la Flip, que Colombia es “un Estado que desprotege, no investiga y permite que los hechos de violencia contra la prensa queden en la impunidad. Aun así, los periodistas se levantan día a día y se sobreponen al asedio de la violencia con la que están obligados a convivir”.

Además indica que durante el 2018, se rastrearon ocho proyectos de ley nocivos para el ejercicio del periodismo, es decir que las medidas propuestas por el Congreso son, en la mayoría de los casos, restrictivas del derecho a la libertad de expresión.

Censura y publicidad

Señala además el informe, que las irregularidades o excesos cometidos por los funcionarios en la asignación de publicidad oficial, tanto por las administraciones locales como por las nacionales, constituyen una amenaza para la libertad de expresión en el país.  Y que lejos de ser un canal de comunicación para informar a la ciudadanía sobre la oferta institucional, la publicidad oficial se ha transformado en la herramienta predilecta de las entidades públicas para influir directamente en el ejercicio de los medios de comunicación.

Categoriza además la Flip,  5 patrones que pueden generar censura en los medios de comunicación y opacidad al ejercicio veedor de la ciudadanía.

Estos son falta de transparencia, es decir revelar parcialmente la información sobre la contratación de publicidad oficial, que a la larga impide un efectivo ejercicio de control ciudadano y periodístico, y el desarrollo de una ciudadanía bien informada.

Arbitrariedad en la asignación de los contratos de publicidad. Según las indagaciones de la Flip, permite que las entidades escojan a qué medios otorgar recursos y a cuáles negar esa posibilidad, incentivando una cultura de la autocensura al interior de las salas de prensa, y una política de la zanahoria y el garrote, donde premian el silencio y castigan la crítica.

Falta de criterios claros para la selección de contratistas. Las entidades fijan una idoneidad que termina por favorecer a un contratista en particular, lo que afecta la pluralidad y la concentración de recursos en algunos medios de comunicación afines a la administración. Tal es el caso de la Gobernación de Córdoba que le otorgó el 49% de la contratación al periódico Meridiano de Córdoba, justificando esto en una idoneidad poco rigurosa.

Injerencia directa en los medios de comunicación. En varias ciudades, el “mejor cliente” para el medio es la administración local.

De acuerdo a testimonios e informes que realizan agencias de publicidad para su consumo interno, en Colombia la gran mayoría de medios de comunicación dependen entre un 40% o 50% de los recursos de pauta.

Esto sumado a la discrecionalidad a la hora de asignar los contratos deviene en un arma peligrosa, pues permite a las administraciones  moldear la opinión pública, y dictaminar lo que se dice o no en los medios de comunicación. Ejemplo de lo anterior es el caso de la Alcaldía de Bogotá, que por medio de contratos de publicidad oficial compró noticias positivas en diferentes medios a través del denominado “Content Marketing”.

Y por último, el “auto bombo”. La autopromoción de los funcionarios y la reiteración de eslóganes sin información para los ciudadanos es cada vez más frecuente en la publicidad oficial.  Ejemplo de esto es la Alcaldía de Medellín, que invirtió al menos 1.400 millones en la elaboración de programas de televisión donde el alcalde se encargaba de hablar de los logros de su gestión.

‘Las periodistas’

El informe de la Flip también puso en contexto el papel de la mujer en el periodismo en Colombia. En el 2018 la FLIP registró 11 agresiones a periodistas por razón de género que dejaron 17 periodistas afectadas. La forma de agresión más común es la amenaza con 6 casos.  Además, se registraron dos casos de violencia sexual.

Entre las recomendaciones figuran, entre otras, hacer uso consciente del lenguaje. De acuerdo con la Flip, el lenguaje construye realidades y muchas son de discriminación. Lo que no se nombra no existe. Nombrar el mundo en femenino y no solo en masculino es visibilizar a las mujeres y reconocerlas como iguales en la diferencia.

Datos de censura

  • La fuerza pública continúa robusteciendo las cifras de violencia contra la prensa en el país. Durante el 2018 la FLIP registró 31 ataques contra periodistas provenientes de miembros de la Policía Nacional.
  • Se registraron 53 ataques a medios y periodistas provenientes de bandas criminales, paramilitares y guerrillas del EPL y ELN. 20 agresiones más con relación al 2017.   
  • Los medios de comunicación han cuestionado ampliamente al Fiscal General de la Nación por no denunciar la corrupción –de la que ‘supuestamente’ fue testigo–, vinculada con el escándalo de Odebrecht. En respuesta, el Fiscal atacó a los medios, sugirió que estos estaban siendo utilizados en una conspiración en su contra y se burló de María Jimena Duzán, periodista que ha hecho revelaciones en el caso y que ha dicho temer por su vida.
  • La Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, presentó un proyecto de ley, conocido como #LeyTIC, que afectaría la autonomía de los medios públicos. El gobierno pretende crear una única entidad que regule armónicamente el sector de las TICs (radio, televisión e internet), en vez de tres como ocurre actualmente. Sin embargo, el regulador carece de autonomía del gobierno. Además, el proyecto deja una serie de funciones de regulación en cabeza del MinTic. Todo lo anterior viola los estándares internacionales en la materia.
  • En 2018, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y los equipos de fútbol profesional se consolidaron como los principales censores de la prensa deportiva.
  • El 6 de diciembre de 2018, el entonces gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, decidió censurar al programa, Los puros criollos.

Ni primaveras, ni Flor

El pasado 25 de enero de 2019, se canceló por cuarta vez la audiencia preparatoria de Jaumteh Albeiro Flores alias “Chori”, segundo implicado en el asesinato de la periodista Flor Alba Núñez Vargas.

Según se formuló en el escrito de acusación, el chori iba conduciendo la motocicleta en la que se movilizaba con Camilo Ortiz quien fue condenado el pasado 8 de septiembre de 2017 a 47 años y 6 meses de prisión. Los hechos ocurrieron el día 10 de septiembre de 2015, y el chori fue capturado el pasado 24 de marzo de 2018, después de 27 meses de fuga.

La primera audiencia preparatoria fue programada para el día 28 de agosto del 2018, sin embargo, el defensor público Javier Humberto Villarriaga pide aplazamiento argumentando la falta de tiempo para la lectura y revisión de los 1200 folios y 38 CDs presentadas por la fiscalía; el segundo aplazamiento se realiza el 27 de septiembre, donde se fija de nuevo al 15 de noviembre de 2018, en este fecha se presenta un nuevo defensor público, quien manifiesta no tener conocimiento del caso, por lo cual solicita un nuevo aplazamiento.

A pesar del tiempo dado para la revisión del material, el 25 de enero, este defensor público indica nuevamente no haber tenido el tiempo para culminar el descubrimiento probatorio de la fiscalía.

Ante esto, la abogada representante de víctimas, ha manifestado su indignación ante la defensoría pública, ya que ante la falta de rigurosidad se pone el peligro la medida de aseguramiento que hoy tiene el chori, y que puede dejarlo en libertad.