miércoles, 29 de enero de 2020
Actualidad/ Creado el: 2020-01-14 09:54

Las conclusiones de Misión de ONU sobre acuerdo de paz

El documento abordó los asuntos en materia de reincorporación política, económica y social de los excombatientes y sus familias, así como sus garantías de seguridad. Farc rechazó ponderación hecha por el gobierno al informe.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | enero 14 de 2020

Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de Las Naciones Unidas en Colombia, presentó el último informe relacionado con los avances de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las desmovilizadas Farc.

No obstante, Rodrigo Londoño y presidente del partido político Farc y luego de conocer las conclusiones del mismo, pidió a la Misión de Verificación de la ONU “mayor ponderación y extremo rigor en sus valoraciones sobre el estado de implementación.

“La segunda Misión de la ONU tiene el mandato de la verificación de la Reincorporación integral de las FARC-EP a la vida civil, y con ello -atendiendo el principio de integralidad-  de la verificación de la implementación del Acuerdo de paz en su conjunto. Resulta inaceptable desde todo punto de vista, realizar cualquier concesión a la idea sostenida por el Gobierno Nacional sobre una presunta verificación de la implementación de la llamada Paz con legalidad”, señalan en un comunicado.

Estas fueron las principales conclusiones:

  1. Avances

En el 2019, Colombia continuó logrando avances significativos en su proceso de paz, aún frente a continuos desafíos, particularmente respecto a la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, de líderes y lideresas sociales y de excombatientes.  El aumento en la participación y las mejoras en la seguridad en las elecciones regionales de octubre demostraron efecto e impacto positivo del proceso de paz en la democracia colombiana.  El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición continuó su invaluable trabajo con la participación activa de las víctimas.  Miles de excombatientes, que hace apenas unos años empuñaban armas de guerra continúan forjando nuevas vidas a través de las oportunidades que ofrece la paz, a pesar de muchas dificultades y riesgos a su seguridad. Estos logros tan duramente obtenidos deben ser protegidos, preservados y aprovechados, y el mejor camino -como el Secretario General ha subrayado de nuevo en su informe- es a través de la implementación integral del Acuerdo de Paz.

  1. Ruta de reincorporación

El 27 de diciembre, en un hecho positivo, se aprobó la " Ruta de Reincorporación". Esta hoja de ruta establece el marco a largo plazo para el proceso de reincorporación.  Las consultas entre el Gobierno, en particular la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y FARC fueron clave para la finalización de este documento, y la Misión, sin duda, está dispuesta a apoyar a las partes en su implementación. Además, con la aprobación de doce nuevos proyectos productivos colectivos, ahora cerca de 2.500 excombatientes se benefician de dichos proyectos. 

  1. Atención a excombatientes

En el informe se insiste en seguir prestando atención específica a los más de 9.000 excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales. “Ellos enfrentan mayores riesgos de seguridad y obstáculos adicionales en materia de servicios básicos y oportunidades educativas, laborales y productivas.  Los excombatientes en condición de discapacidad también deben recibir una atención especial.  También se necesitan medidas sostenibles para proporcionar entornos de protección a más de 2.000 niños y niñas hijos de excombatientes” sostiene el informe que agrega que se exhorta a todos los actores pertinentes a que intensifiquen los esfuerzos para resolver la situación de los ex miembros de las FARC-EP cuya acreditación sigue pendiente.  Sin la debida acreditación, quedan en una situación de incertidumbre jurídica y no pueden acceder a los beneficios de la reintegración.

  1. Ataques a líderes sociales

En su informe, el Secretario General advirtió sobre el riesgo de una mayor violencia generalizada en el departamento del Chocó, debido a las actividades de grupos armados ilegales; refirió las denuncias de pobladores en Bojayá que señalan la aparición del grupo armado ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia que al parecer habría ocupado territorios y confinado a varias comunidades, mientras que otras continúan siendo afectadas por las actividades del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Indica el informe que el 23 de diciembre, la artista y líder social Lucy Villarreal fue asesinada en el departamento de Nariño después de realizar un taller artístico para niños.  Y los asesinatos de ex combatientes de las FARC-EP se reanudaron el primer día del año, con la muerte, en el departamento caucano de Benjamín Banguera Rosales.

“Estos ataques contra líderes sociales y excombatientes deben ser llevados rápidamente ante la justicia, incluyendo tanto a los autores materiales como a los intelectuales, y sigue siendo imperativo adoptar medidas más eficaces para proteger a estas personas y a sus comunidades”.

  1. Epicentros de violencia

De acuerdo con el informe, Cauca, Chocó, Nariño, son epicentros de la violencia y siguen siendo los mismos que el Secretario General ha informado en repetidas ocasiones, y las condiciones de fondo son consistentes: zonas rurales afectadas por una limitada presencia del Estado y una pobreza persistente, y en las cuales grupos armados ilegales y estructuras criminales siguen victimizando a la población, especialmente a las comunidades étnicas, para controlar las economías ilícitas.

  1. Economías ilícitas

En cuanto a las economías ilícitas, el Acuerdo de Paz creó un programa de sustitución de cultivos para apoyar a las familias a transitar del cultivo de coca a otras actividades productivas.  El apoyo sostenido a este programa y las medidas de seguridad para sus participantes son esenciales.  Adicionalmente, el Acuerdo de Paz dispuso el desarrollo de una política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales, estructuras criminales y sus redes de apoyo a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esta Comisión se reunió el miércoles pasado.  Es urgente que se establezca y se implemente esta política, y que el Gobierno intensifique los esfuerzos para abordar la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto.

  1. Nuevos mandatarios secciones y municipales

A partir del 1 de enero, Colombia cuenta con nuevas autoridades locales y departamentales, incluyendo alcaldes y alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, e integrantes de concejos municipales y asambleas departamentales.  Entre estos, hay ocho excombatientes de las antiguas FARC-EP que fueron elegidos para ejercer cargos públicos.

“Nos alienta que una gran cantidad de las autoridades recién posesionadas, de diferentes partidos, han expresado su compromiso con la paz y su apoyo a la implementación del Acuerdo.  El papel de las autoridades territoriales ha sido y es fundamental para los esfuerzos de construcción de paz” sostiene el documento.