viernes, 22 de noviembre de 2019
Opinión/ Creado el: 2019-11-08 04:30

La renuncia del ministro

Escrito por: Ernesto Cardoso Camacho
 | noviembre 08 de 2019

Conocidos los hechos que condujeron a la renuncia del ministro Botero a la cartera de Defensa, quedan varias consecuencias que habrán de afectar, para bien o para mal, las inmediatas decisiones del presidente Duque.

La renuncia es sin duda una contundente derrota política pues es la primera vez que la figura constitucional de moción de censura conduce a la salida de un ministro.

Los hechos ocurridos en el Caquetá tienen una muy importante relevancia; tanto en relación con el Derecho Internacional Humanitario como con la política de seguridad democrática que ejecuta el gobierno, legado indiscutible del uribismo que representa el presidente Duque.

El asunto tiene enorme trascendencia institucional y política, pues la seguridad democrática fue esencial antes del acuerdo con las Farc; constituyó el punto de quiebre con el gobierno Santos; inspiró buena parte de la argumentación jurídica y política durante la negociación en la Habana y en el desarrollo del plebiscito; y terminó siendo eje fundamental de la propuesta del presidente.

El meollo del asunto se concentra en la posición asumida por la mayoritaria bancada del Congreso que precipitó la renuncia del ministro, pero que además ahora exige “un gran acuerdo nacional liderado por el presidente Duque “, cuyo contenido de fondo busca reversar la política de seguridad democrática; garantizar el estricto cumplimiento de los compromisos con las Farc; y reorientar la política económica y social del Estado; en palabras del senador Barreras quien funge como la punta de lanza del santismo en alianza con la agresiva oposición petrista.

Es decir que, en otras palabras, le plantean al presidente Duque un contundente chantaje político, según el cual, o se desmarca del uribismo revocando su política de seguridad democrática; o le harán imposible la gobernabilidad en el Congreso.

Tal chantaje político tiene una clara fundamentación en la evidente fragilidad del gobierno no solamente en su relación con las fuerzas políticas del congreso, sino también en los graves problemas fiscales y presupuestales heredados del gobierno anterior que alcanzan la enorme cifra de 25 BILLONES DE PESOS.

Por otra parte, el petrismo y la izquierda radical, asociados con los movimientos sociales aupados por las fuerzas políticas de los desmovilizados, arrecian las marchas y movilizaciones sociales; presionan el movimiento indígena del Cauca; culpan al gobierno de las masacres y muertes de líderes sociales ocurridas en los territorios donde las bandas del narcotráfico y la minería criminal son los responsables.

Otro elemento necesario para afinar la estrategia del chantaje se hizo posible con el concurso de los grandes medios de comunicación. Se trata del resultado electoral del 27 de octubre, donde “ fue derrotado el uribismo y el presidente Duque debe actuar en consecuencia con tal realidad política “.

Todo éste escenario estratégico se ha consolidado con la renuncia del ministro. Sin embargo, de conformidad con las normas del DIH, los menores abatidos durante el bombardeo, eran civiles reclutados forzosamente por esa columna disidente de las Farc, hecho jurídico que coloca la responsabilidad legal y ética en los criminales y no en las fuerzas militares.

Pero es también evidente que el ministro, las fuerzas militares y el Presidente Duque, cometieron el grave error político de ocultar el hecho; entregando así, en bandeja de plata no solamente la cabeza del ministro, sino algo más grave aún, la oportunidad que venían buscando los acérrimos opositores del uribismo, dejando así al presidente Duque entre el cielo y el infierno, es decir, en el purgatorio; pero también a la institucionalidad democrática en eventual peligro.