domingo, 22 de octubre de 2017
Judicial/ Creado el: 2017-08-12 03:24

El próximo lunes continuará la audiencia del caso ‘Plazas Alcid’

El lunes 14 de agosto se conocerá si se aplica o no la medida de aseguramiento intramuros por parte del Juzgado Tercero Penal con función de Control de Garantías de Neiva, a las siete personas involucradas en el caso del ‘Plazas Alcid’.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | agosto 12 de 2017

Las diligencias judiciales avanzaron ayer en la Sala Tres de las instalaciones del Palacio de Justicia de Neiva. La defensa de los imputados argumentó en contra de la petición de medida de aseguramiento intramuros realizada por parte de la Fiscalía General de La Nación.

Durante la diligencia que ya completa una semana desde las capturas, se conoció la postura de los abogados defensores quienes aseguran que los acusados no representan un peligro para la sociedad, y que dictar medida de aseguramiento intramuros no es lo más adecuado.

Delitos que les imputan

La Fiscalía 17 Seccional, les imputó a las siete personas señaladas los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Por la gravedad de las conductas imputadas, el Fiscal encargado del caso ha pedido la medida de aseguramiento con detención efectiva. El próximo lunes se conocerá la decisión del togado y se determinará si se aplica o no la medida de aseguramiento carcelaria.

Caducidad del contrato

Los últimos acontecimientos presentados en torno a la obra de mantenimiento del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’ dan a entrever que la caducidad del contrato se determinará muy pronto. Podría concretarse por el estudio realizado por la Contraloría y el dictamen pericial realizado por la firma Sísmica y Estructuras, que confirman los graves hallazgos técnicos de la obra.

Según el dictamen, Las obras ejecutadas carecen de funcionalidad al haber desconocido los lineamientos establecidos en el proyecto y la licencia de construcción. Los estudios demuestran que la  nueva obra ejecutada no ofrece las mínimas garantías para su funcionamiento.

La Contraloría determinó provisionalmente un daño al patrimonio público en cuantía de $23.527 millones correspondientes al valor pagado según las actas parciales canceladas y los comprobantes de egreso.

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