miércoles, 29 de enero de 2020
Opinión/ Creado el: 2020-01-14 10:48

Asesinato de líderes sociales en el Huila

Escrito por: Redacción Diario del Huila | enero 14 de 2020

Por: Israel Silva Guarnizo

La tranquilidad en el Huila, resultado de la disminución de asesinatos presentados en los últimos años, desapareció esta semana como consecuencia de los acontecimientos recientes en los municipios de Gigante y Algeciras. No se reponían los algecireños del crimen de Mireya Hernández Guevara cuando el día de su sepelio, justamente, Jhon Fredy Amaya cae víctima del sicariato.

La violencia arrecia nuevamente contra Algeciras, único territorio del Huila que pertenece a zona PDET, con lo que aspira a pasar la página de la guerra, toda vez que allí se llevan a cabo varios experimentos de paz a cargo de reincorporados de las Farc; vale la pena recordar que en esta zona operaba una de las más grandes estructuras de la antigua organización guerrillera como lo era la columna movil Teófilo Forero Castro.

En los Acuerdos de 1984, cuando surge la Unión Patriótica, esta organización fue la segunda fuerza política en el Concejo Municipal. Todo parece indicar que los acontecimientos de los últimos días están llevando al departamento del Huila a situarse junto a otros en la mira de los asesinatos de líderes sociales.

La situación es grave y me parece que el señor Gobernador Luis Enrique Dussán López debe convocar de inmediato al Consejo Departamental de Paz para realizar el análisis necesario entre todas las fuerzas sociales, políticas y gremiales con el fin de detener estos actos que enlodan la relativa calma que se venía sintiendo en el Huila.

El Consejo Departamental de Paz y el nuevo Asesor de Paz deben emprender un trabajo articulado que involucre la sociedad civil y la institucionalidad, y así evitar que el territorio huilense se convierta en un escenario de muertes violentas promovidas por organizaciones ilegales. No podemos aceptar de ninguna manera que los grupos paramilitares en connivencia con la delincuencia, el narcotráfico y otros actores incluso ligados a la institucionalidad actúen como verdugos de los líderes sociales. Ya el dirigente chocoano Leyner Palacios de Bojayá, quien se encuentra amenazado, ha denunciado esta relación ante el Presidente de la República. 

El Gobierno Nacional le corresponde pasar de la retórica a la práctica para evitar que los líderes sociales sigan siendo asesinados ante la incapacidad del Estado para detener y castigar a los criminales. Las organizaciones de derechos humanos deben desplegar una acción internacional para denunciar estos hechos y exigir castigo y desmonte de los aparatos criminales. El Gobierno Nacional tiene que avanzar con mayor compromiso en la implementación de los Acuerdos con las FARC y darle plenas garantías a la oposición y líderes sociales del país.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe exigirle al Presidente Duque, mayores esfuerzos en materia de paz. De lo contrario estaríamos allanando el camino a un nuevo genocidio ahora contra el partido político Farc y los líderes sociales.