domingo, 22 de octubre de 2017
Opinión/ Creado el: 2017-08-12 04:11

Adquisición de áreas para conservación ambiental

Escrito por: Álvaro Hernando Cardona González
 | agosto 12 de 2017

Para la adquirir áreas estratégicas para la conservación ambiental, la Ley 99 de 1993, creó tres instrumentos: 1. Mediante cofinanciación entre las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales (departamentos, municipios, distritos) para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación, preservación y recuperación de cualquiera de los recursos naturales (Art 108); 2. Mediante el 1% de los ingresos corrientes anuales de los departamentos y municipios para adquirir y conservar únicamente áreas estratégicas de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales Art 111), y 3. Mediante el 3% del valor de la obra que deben destinar los proyectos de construcción de distritos de riego, que serán únicamente para adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua (Parágrafo del Art 111).

Importante destacar que las dos primeras disposiciones advierten que, una vez adquiridas estas áreas, deben administrarse en coordinación con las corporaciones autónomas regionales y con participación de la sociedad civil. Aunque por supuesto, como este último es en aplicación de una norma ambiental, la participación de la sociedad civil no está limitada y siempre será necesaria la coordinación de la corporación autónoma regional para verificar que el porcentaje sea el exigido e invertido efectivamente.

Recientemente el Gobierno Nacional expidió el Decreto 870, que tiene fuerza de Ley al expedirlo dentro del marco de las facultades denominadas fast track, otorgadas por el Congreso Nacional para supuestamente poder cumplir al grupo ilícito Farc el acuerdo por el cual se las deja de perseguir. Con este, creemos que se echó por la borda una política pública coherente de recuperación de baldíos (bienes inmuebles que son de la Nación, administrados por el Estado, pues no los ha otorgado a un particular), ya que permite pagar servicios ambientales a una persona aunque ocupe baldío sin autorización.

La crítica la hacemos porque siempre hemos abogado porque se defina qué áreas se mantendrán como inmuebles baldíos o se adquirirán forzosamente, para protección absoluta y efectiva ambiental. Mínimo los páramos, nevados y santuarios de flora y fauna del territorio deberían reservarse eternamente y en favor del medio ambiente natural y sano del pueblo. Allí no debería permitirse ningún tipo de actividad antrópica. Eso nos daría seguridad ambiental, seguridad jurídica y garantizaría Desarrollo Sostenible de verdad; todo de una. El país lo necesita urgente.

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